La falta de presupuesto, reglamentos y supervisión mantiene barreras para cientos de niñas, niños y adolescentes que requieren educación inclusiva, señalan especialistas y legisladores.
Durante el Panel Sanción y Castigo a las instituciones educativas no inclusivas, realizado en el marco del ciclo de Diálogos de Poder, los especialistas comentaron que la legislación de Nuevo León en materia de autismo e inclusión educativa enfrenta importantes pendientes para garantizar en los hechos el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes.
Maribel Ramos, de Educación Sin Barreras de la UANL, señaló que la Ley de Autismo de Nuevo León contempla rubros como salud, educación, vivienda y trabajo, pero consideró que no profundiza de manera suficiente en cada uno de estos ámbitos.
En contraste, destacó que la nueva Ley de Educación del Estado, publicada en abril, representa un marco más completo, debido a que incorporó las voces de diversos sectores, particularmente de familias que durante años han enfrentado dificultades para conseguir que sus hijos sean aceptados y atendidos adecuadamente en las escuelas.
«En 2022 esta agrupación nace de los de las de familias que enfrentaron barreras para acceder, o sea, que les negaron el acceso a colegios particulares.
«Hoy no solamente estamos conformados por mamás de colegios, estamos conformados también por personas que han querido acceder a la educación pública y también les han negado el acceso a la educación o les han condicionado la maestra sombra incluso.
Además, Ramos, explicó que uno de los principales objetivos es visibilizar las barreras que actualmente existen para acceder a la educación, así como la falta de cumplimiento de disposiciones legales que ya están vigentes», resaltó.
Entre los problemas identificados se encuentra que cientos de niños enfrentan dificultades para ingresar a escuelas públicas y particulares, e incluso existen casos en los que el acceso es negado o condicionado.
Uno de los principales obstáculos es la llamada “maestra sombra”, figura que, de acuerdo con Ramos, se ha convertido en una condicionante para que algunos estudiantes puedan permanecer en determinados planteles.
El problema, dijo, es que este servicio representa un gasto que muchas familias no pueden asumir, con costos que pueden oscilar entre 8 mil y hasta 18 mil pesos mensuales, dependiendo de las condiciones y necesidades del menor.
«No tienen lógica, incluso el decir que tienen que ingresar con una maestra sombra, entonces empieza a ver, ya tenemos un niño, ya tenemos 2 niños, ya no hay cupo, pero además es una condicionante si no puede la familia proveer, pagar, sostener una maestra sombra que cuesta mínimo 8,000 pesos y que puede ir hasta los 16 o 18000 pesos mensuales, si no puede», comentó.
Además, cuestionó que la Secretaría de Educación no supervise adecuadamente que los colegios particulares cuenten con equipos multidisciplinarios para atender a estudiantes con necesidades específicas.
Estos equipos deberían incluir, entre otros perfiles, psicólogos educativos, psicopedagogos, trabajadores sociales y docentes especializados.
En las escuelas públicas, agregó, tampoco se está garantizando de manera efectiva la figura del maestro acompañante contemplada en la legislación.
Otro problema es que la figura de la “maestra sombra” no se encuentra debidamente regulada y, al no formar parte de la nómina de una escuela, puede enfrentar restricciones para ingresar a determinados planteles públicos.
Asimismo, recalcó que actualmente no existe un presupuesto asignado específicamente para hacer realidad todas las disposiciones relacionadas con la educación inclusiva.
Aunque la nueva Ley de Educación contempla partidas para educación inclusiva, implementación de equipos, capacitación del personal y herramientas de comunicación, todavía falta que estos recursos se traduzcan en acciones concretas.
Por ello, consideró necesario que el Congreso no solamente apruebe leyes, sino que también les dé seguimiento para garantizar su reglamentación, cumplimiento, supervisión y, en su caso, aplicación de sanciones.
«La Ley de Autismo de Nuevo León fue publicada en 2023, pero hasta ahora no cuenta con un reglamento que permita establecer con claridad cómo deberán aplicarse sus disposiciones», subrayó.
En cuanto a la Ley de Educación publicada en abril, existe un plazo de 180 días para desarrollar su reglamento; sin embargo, Ramos señaló que hasta el momento no se ha realizado la consulta pública ni el análisis previo necesarios.
La propuesta, explicó, tampoco busca crear un padrón de personas neurodivergentes. En su lugar, se plantea realizar evaluaciones psicopedagógicas a los estudiantes en las escuelas, con el objetivo de detectar necesidades específicas y establecer planes de intervención individualizados.
También se plantea fortalecer la supervisión de las escuelas particulares por parte de la Secretaría de Educación, particularmente en la atención y seguimiento de las quejas presentadas por madres y padres de familia.
Por su parte, la diputada Grecia Benavides calificó como grave la situación que enfrentan actualmente niñas y niños para acceder a una escuela.
Señaló que existe una problemática relacionada con la falta de espacios educativos, particularmente en sectores periféricos, situación que puede terminar convirtiéndose en una forma de discriminación al impedir que menores ejerzan plenamente su derecho a la educación.
La legisladora morenista, sostuvo que corresponde al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación atender esta problemática en las escuelas estatales, mientras que en los planteles federales la responsabilidad corresponde a la Federación.
«Obviamente, quien es responsable de que no suceda eso es el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación en las escuelas federales, obviamente la federación.
«Entonces, pues se se está, se van a plantear puentes, obviamente haremos lo correspondiente, no solamente el estar escuchando y el estar viendo la realidad que viven las familias», comentó.
Ante este escenario, se analizan distintas alternativas para evitar que se niegue o condicione el derecho a la educación a menores con condición del espectro autista o con alguna forma de neurodiversidad.
Incluso, se ha planteado la posibilidad de realizar modificaciones a la legislación aprobada en 2023, mientras que la Comisión de Educación trabaja con padres de familia, docentes, autoridades educativas, Gobierno del Estado y el Congreso para buscar soluciones.
El reto, coinciden, no está solamente en crear nuevas leyes, sino en lograr que las disposiciones existentes tengan reglamentos, presupuesto, supervisión y mecanismos de sanción, para que la inclusión educativa deje de ser una obligación escrita y se convierta en una realidad para las familias de Nuevo León.
El panel “Sanción y Castigo a las Instituciones Educativas No Inclusivas” realizado en el Auditorio CIET de la UANL estuvieron presentes:
Lic. Cecilia González — CEDHNL
Dr. Guillermo A. Flores — Programa de Detección de TEA
Lic. Maribel Ramos — Educación Sin Barreras NL
Lic. Sandra Pámanes — Diputada
Lic. Grecia Benavides — Diputada
Lic. Brenda Cruz — ARENA
